Fondo de compensación estatal para las víctimas del amianto, un deber de todos


Hasta que se prohibió la fabricación y uso del amianto en 2002, en España se consumieron 2.514.000 toneladas de amianto. Se calcula que unos 30.000 trabajadores han estado expuestos directamente a ese material hasta entonces y se desconoce con exactitud el número de personas que han sido expuestas de manera indirecta al mismo. Esto representa unas cifras funestas ya que se puede inferir que en un futuro se producirán solo en el quinquenio 2019-2023 unos 350 casos de mesioteliomas. El mesioteloma es la afección más grave producida por el amianto y es mortal, y a estos casos hay que sumar otras patologías menos graves que también son producidas por el amianto.

En los años 60 y 70, empresas de fabricación de fibrocemento empleaban a miles de trabajadores, igual que astilleros y otras empresas de la construcción en las que se utilizaba el amianto sin ningún tipo de protección. Los empleados tuvieron contacto directo con el material sin ningún tipo de protección. Leyendo testimonios de trabajadores es común encontrar frases como “jugábamos a tirarnos el amianto durante el almuerzo” o casos de padres que llevaban amianto a su casa para que sus hijos decorasen el Belén. También era muy habitual que los trabajadores llevasen sus ropa de trabajo a casa para limpiar. Esta ropa estaba contaminada con amianto, a veces hasta el punto que “el mono se sostenía en pie de la cantidad de amianto que llevaba encima”. Y por eso, muchas mujeres de trabajadores también son víctimas del amianto.

Muchos de estos trabajadores estaban contratados por grandes empresas que todavía están en activo, y contra las que han comenzado reclamaciones judiciales para que se les reconozca su enfermedad como laboral, pero otros trabajaban para empresas auxiliares, mucho más pequeñas y que ya no existen y que no tienen a quién reclamar compensaciones.

Pensando en estos miles de trabajadores y también en sus familias y en el desgaste físico y moral que supone una batalla legal contra las empresas que ya sabían de la peligrosidad del amianto y que no facilitaron medidas de protección a sus empleados, desde las asociaciones de afectados se impulsó la creación de un Fondo de Compensación para las víctimas del amianto.

Este Fondo de Compensación permitiría que cualquier ciudadano afectado tuviera acceso a una indemnización sin recurrir a la vía judicial. El fondo daría, además, cobertura a quienes hasta ahora no sabían a quien recurrir. Tan solo el 5% de los muertos por un mesotelioma pleural en España (enfermedad directamente relacionada con el amianto) han recibido una compensación y hay que tener en cuenta que el amianto supone un problema latente que puede afectar no únicamente a los trabajadores que estuvieron en contacto directo si no a familiares, vecinos de cerca de las fábricas…

Para poder acabar con esta injusticia que afecta a tantos, todos los grupos del Congreso de los Diputados aprobaron en febrero la creación del Fondo de Compensación aunque esta decisión se verá con toda probabilidad afectada por el adelanto electoral, retrasando nuevamente esta reparación necesaria para toda la sociedad.

Desde Arizón&Gracia esperamos que en breve podamos contaros que por fin se ha puesto en marcha esta iniciativa que aunque no podrá revertir las consecuencias de la exposición del amianto servirá para compensar a los afectados.